España, así
como una infinidad de países, está secuestrada por las mafias
político-empresariales. No hay más que ver cómo la gestión y estructura del
propio sistema favorecen la impunidad e intereses de los poderosos y perjudican
o excluyen a las personas más humildes, todo ello de forma sutil y camuflada
bajo un supuesto estado social y democrático de derecho.
Lo
anterior no es algo que se esté llevando a cabo de forma invisible para
nosotros, sino que con total descaro se realiza frente a nuestros ojos.
Mientras la desigualdad crece en nuestro país, doblando el número de
millonarios y triplicando el de pobres desde el inicio de la “crisis” (de ahora
en adelante “estafa”), nos encontramos con que las grandes empresas pagan menos
impuestos que las familias (se estima que las familias aportan casi 50 veces
más a las arcas públicas que las grandes empresas). Además, grandes empresas y
grandes fortunas concentran un alto porcentaje del fraude fiscal, se rumorea
que en torno al 70%, pero a falta de datos más precisos, basta con conocer los
infinitos casos demostrados que cada día se van conociendo de paraísos fiscales
y otras formas de evasión que, desde luego, no llevan a cabo las gentes más
humildes. Por el contrario, menos de un 6% de los inspectores se dedican a
investigar a las grandes fortunas, y el resto lo hace a las personas de a pie,
sobre las que recae todo el peso fiscal.